La creación de teatros públicos financiados con dinero de los contribuyentes trae consigo inevitablemente el debate sobre la ética y la eficiencia de la gestión.
España lleva años en la búsqueda del «buen gestor/a» para sus instituciones culturales, mientras que Latinoamérica busca modelos para gestionar la cultura. Es uno de los debates que menos interesa al público general, que solo percibe la calidad o interés de las programaciones, pero mueve a los profesionales que deseamos sentirnos acogidos, respaldados o al menos bien representados por los gestores públicos.
En 2024, la actriz española Marta Poveda lanzó en sus redes sociales una crítica a la gestión del director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, Lluis Homar. Este actor y director fue nombrado en medio de una polémica porque, al parecer, no contaba con conocimientos sobre el Teatro del Siglo de Oro, patrimonio fundamental de la institución que iba a dirigir.
Homar reconoció su desconocimiento sobre este patrimonio y declaró a la prensa que «venía al cargo a aprender». Nada de esto sería relevante si no fuera porque su nombramiento se anunció como resultado de un concurso público. Esta no fue la única polémica de la herencia de la exdirectora de Amaya de Miguel, responsable de la elección de Homar y figura vinculada al presidente Pedro Sánchez; Asociaciones feministas denunciaron once nombramientos de hombres al frente de instituciones culturales baso su mandato, incumpliendo la Ley de Igualdad que establece el criterio de paridad.
Este caso, y muchos otros que han sido denunciados por profesionales, nos ofrecen la posibilidad de analizar el problema de la buena gestión cultural. La primera cuestión evidente es la transparencia de los procesos de selección. La selección en el arte nunca ha sido ni puede ser un proceso justo para con todos, pero establecer criterios claros y ser transparentes en las decisiones podría ayudarnos a comprender mejor el marco en el que se producen estas decisiones.
Las capitales culturales como Nueva York, París, Londres y Madrid desarrollan una intensa actividad escénica, siempre habrá más aspirantes que oportunidades. Esta situación es descorazonadora porque hablamos de vidas valiosas y esfuerzos que merecen ser reconocidos, la transparencia podría ayudarnos a gestionar mejor esta realidad, este problema colectivo.
Además de la transparencia, otra virtud de una buena gestión cultural es la calidad e independencia de los equipos. Un equipo de gestión demasiado ligado a un proyecto político corre el riesgo de ser manipulado con fines partidistas. El teatro debe ser un espacio de libertad y respeto, libre de cualquier uso o manipulación; esa independencia garantiza que la pluralidad de la sociedad tenga su reflejo en los proyectos culturales.
Finalmente, el caso Homar nos permite reflexionar sobre la fantasía de encontrar «el buen gestor» en alguien que no es artista. Existe la creencia de que los artistas buscan lucrarse a costa del dinero público, creencia que a veces resulta cierta, pero no siempre. Homar probablemente ganaría más en el ámbito privado y se libraría del control de su actividad. Los artistas, cuando tienen éxito, pueden reclamar a las empresas privadas ingresos acordes al resultado de explotación de sus obras, cosa que en el teatro público no puede ocurrir y los éxitos o fracasos tienen el mismo retorno económico. Los pocos profesionales que alcanzan una buena demanda de trabajo en el sector privado no prosperan más en lo público, aunque a los contribuyentes les parezca excesivo que cobren más honorarios que un ministro.
El buen gestor es alguien lleva a una institución a cumplir sus objetivos con el menor esfuerzo posible, mejorando procesos humanos, aumentando su impacto y generando retornos sociales, educativos, emocionales y económicos. Esto puede hacerlo alguien que comprende el sector y cuenta con el equipo idóneo y capacidad para lograrlo. Soñar con un gestor ajeno al oficio que resuelva los problemas es solo eso, un sueño.
Estas críticas también ponen de manifiesto que hay pocos espacios en los que los profesionales podamos expresarnos cuando vemos injusticias y que hacerlo puede suponer caer en riesgo de exclusión laboral, algo que otros profesionales han denunciado en sus redes. Creo que es hora de pensar qué esperamos de nuestras instituciones culturales, qué consideramos una buena gestión y qué podemos hacer, colectivamente, para alcanzarla.
